martes, 5 de octubre de 2010

ÚLTIMAS INFORMACIONES

Estimados compañeros,

hemos recibido un comunicado de nuestros representantes jurídicos valorando los artículos de D. Francisco José Navarro Sanchís, Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nal. y que hay que analizar desde la perspectiva de estar escritos por alguien que forma parte de quienes han decidido determinar que el Estado no es responsable en los casos Fórum y Afinsa.

Recordamos las enormes críticas que tuvo dicha sentencia entre todos los afectados, incluidos los afines a la empresa, los mismos que ahora aplauden incomprensiblemente a este Magistrado que antes criticaban, pues intenta justificar unas tesis sobre el carácter de la actividad que son favorables a los imputados y así, de paso, eludir cualquier tipo de responsabilidad del Estado, echándole el “muerto” a las Comunidades Autónomas.

Si recordáis, nuestro bufete demandó a la Comunidad de Madrid de forma solidaria con el Estado, por ser en la que radicaba la sede fiscal de Afinsa -entre otras razones- y la sentencia, de hace escasos meses, venía a decir que el responsable era el Estado y que las comunidades no tenían competencias en este caso. Justo lo contrario de lo que dice la Audiencia Nal., en un incalificable juego de tirarse la pelota unos a otros con tal de eludir cualquier tipo de responsabilidad que significaría el resarcimiento de los legítimos derechos de los afectados con la recuperación de nuestros ahorros.

Mayor despropósito no cabe en todo este asunto.


Nuestros representantes están estudiando a fondo una iniciativa jurídica a nivel europeo que han llevado a la práctica desde un bufete de afectados y que han compartido con nosotros, concretamente una “cuestión previa” ante el TSJCE de Luxemburgo, al haberse encontrado jurisprudencia sobre un caso similar al nuestro ocurrido en Italia y donde, finalmente, el Estado italiano fue condenado a resarcir a los afectados, responsabilidad que en un principio eludió. En su momento darán su opinión sobre la viabilidad de la misma.


Ya han salido las primeras sentencias que dan la razón, siendo favorables, a Gil-Robles Abogados en las peticiones de jura de cuentas que han puesto en marcha contra afectados de Vizcaya, los cuales pretendían cambiar su representación jurídica a Ausbanc, evitando revocar poderes a Gil-Robles Abogados y, por tanto, pagar los correspondientes honorarios devengados, honorarios que ahora se ven obligados a pagar por sentencia judicial. Como dato curioso estos afectados, claramente mal asesorados, argumentaban que el despacho de Gil-Robles no había emprendido acciones en su nombre. Pues bien, la sentencia deja muy a las claras que esas afirmaciones son absolutamente falsas, y que quedan demostradas las numerosas acciones de representación jurídica emprendidas hasta la fecha por Gil-Robles Abogados en nombre de todos los afectados que firmamos poderes a su favor.

Sirvan estas primeras sentencias como aviso a navegantes de cara a aquellas iniciativas que, calcando prácticamente el método de anteriores como la de ALA, se intentan poner en marcha a través de internet, sin demasiado éxito hasta ahora, todo hay que decirlo y donde no se informa a los afectados de las consecuencias reales que suponen los cambios de representación jurídica.

Desde la Federación se ha documentado una presunta pérdida del dinero que los afectados depositaron para un bufete jurídico -ALA, que jamás llegó a cobrar, como ellos mismos afirman- con el consiguiente presunto lucro de los que estuvieron al frente de la iniciativa, dirigentes de ACU que aún siguen “buscando” un nuevo bufete en sustitución de los engañados de ALA-como ellos mismos manifestaron sentirse y tenemos documentado- y que, a tenor de los meses que han pasado sin encontrarlo, deben haber recorrido ya España entera varias veces.

Ahora, alguno/a de los/as que estuvieron paseándose por todo el país vendiendo esta iniciativa de ALA junto a los dos dirigentes de ACU Pepe Rodríguez (Huelva) y Gabriel Ruiz (Cádiz), consistente en convenios fantasma de empresas inglesas de Alcalá de Henares con avales inexistentes y minas inexplotables en Sudamérica, intentan convencer a nuevos incautos afectados para que se sumen a otra de índole jurídico que una vez más será “la definitiva para resolver nuestra situación” donde, por supuesto, se vuelve a pedir que se paguen ciertas cantidades económicas, eso sí, con “aplazamientos” incluidos y posibles "bonificaciones” para unidades familiares. Los afectados somos siempre su “mayor preocupación”, como han demostrado en el vergonzoso caso ALA y que, recordamos, está denunciado ante la Fiscalía y el Ministerio de Hacienda, para que se depuren posibles responsabilidades en un asunto donde se pudieron llegar a mover varias decenas de miles de euros que siguen sin estar justificados a fecha de hoy, decenas de miles de euros de pobres afectados que confiaron-como todos lo hicimos en su día al invertir en Afinsa- y que, desgraciadamente, han vuelto a ser supuestamente engañados perdiendo así su dinero una vez más.

A pesar de la lentitud de la Justicia en este país, estamos seguros de que estas investigaciones, a tenor de la documentación entregada, terminarán descubriendo la verdad sobre este repugnante y escandaloso asunto.

FEDERACION NAL. PLATAFORMAS BLANCAS AFECTADOS DE AFINSA